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Comunarios de diversas localidades de Mecapaca se enfrentaron a grupos movilizados que intentaban bloquear el puente Lipari y decomisar alimentos destinados a los mercados de la urbe paceña.
El senador José Manuel Ormachea (Alianza Libre) cuestionó la efectividad de las acciones gubernamentales y exigió un reporte detallado sobre el funcionamiento de los corredores humanitarios, la circulación de pacientes y el abastecimiento de insumos médicos y oxígeno.
Transportistas instalaron puntos de bloqueo en el control de Urujara y otras zonas de La Paz para exigir el suministro de gasolina y diésel, denunciando que esperan por cisternas desde hace varios días.
La municipalidad paceña advirtió que el servicio de aseo urbano opera a la mitad de su capacidad debido a las dificultades para conseguir carburantes, lo que impide recolectar las 600 toneladas de desechos que genera la ciudad diariamente.
El dirigente de la COB apeló a la lealtad de sus afiliados y dejó en manos de las bases la decisión de asistir al diálogo con el Gobierno, en medio de un conflicto que ya cumple 33 días de movilizaciones en el país.
Los representantes del autotransporte de La Paz responsabilizan al presidente Rodrigo Paz por desatender sus demandas sectoriales, entre ellas la compensación económica y el abastecimiento de carburantes, lo que detonó la extrema medida.
La Policía Boliviana advirtió sobre el impacto económico de la protesta, que paraliza las operaciones de bombeo de hidrocarburos tras la intervención de grupos de productores en la región oriental.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia exigió la inmediata liberación de las rutas bloqueadas hace más de un mes, advirtiendo sobre el grave estado de salud de varios conductores varados y anunciando medidas de presión si no se atienden sus demandas.
Diversas organizaciones sociales y juntas vecinales se congregaron en el distribuidor de la Ceja de El Alto para coordinar acciones de protesta y respaldar los bloqueos viales que exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
El exmandatario Evo Morales denunció que la pancarta amenazante hallada en Cochabamba fue instalada por un funcionario estatal, asegurando tener datos precisos sobre los responsables y advirtiendo sobre un supuesto plan para acabar con su vida.