20 de octubre de 2020

Corte Penal de La Haya instruye análisis jurídico de la demanda contra Evo y sus exministros por lesa humanidad

Desde Paris, Francia, el abogado Alfonso Dorado indicó a Urgente.bo que el 25 de febrero del 2020, la CPI le envió una misiva en la que indica que se realizará el examen jurídico de ese caso y otros hechos que se cometieron en el pasado y en distintas etapas del gobierno de Morales entre el 9 de julio del 2006 y 20 de noviembre del 2020. Tales como el hotel las Américas, la muerte del universitario Christian Urresti, así como los casos Caranavi, Chaparina, la quema de la Alcaldía de El Alto, Senkata y otros.

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya instruyó el análisis jurídico de la denuncia que 10 bolivianos presentaron ante esa instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en contra del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente, Álvaro García Linera, los exministros: Juan Ramón Quintana, Carlos Romero,  Wilma Alanoca, Carlos Romero, Javier Zavaleta, además del exasambleísta departamental por La Paz, Gustavo Torrico, por crímenes contra la humanidad cometidos entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del 2019.

Desde Paris, Francia, el abogado Alfonso Dorado concedió una entrevista al portal informativo Urgente.bo e indicó que el 25 de febrero del 2020, la CPI le envió una misiva en la que indica que se realizará el examen jurídico de ese caso y otros hechos que se cometieron en el pasado y en distintas etapas del gobierno de Morales entre el 9 de julio del 2006 y 20 de noviembre del 2020. Tales como el hotel las Américas, la muerte del universitario Christian Urresti, así como los casos Caranavi, Chaparina, la quema de la Alcaldía de El Alto, Senkata y otros.

El jurista precisó que la ampliación la denuncia está dirigida a “X” autores, porque en los 14 años de gobierno del exmandatario fueron muchos los actores. El 6 de diciembre del 2019, Dorado explicó que Evo y sus colaboradores vulneraron los derechos fundamentales de los bolivianos, por lo que se los acusó de armar asesinatos colectivos con franco-tiradores, emboscadas y toma de rehenes.

La entrevista:

¿Cuál es el avance de la demanda presentada por los 10 bolivianos ante la CPI?

Le informo que el 25 de febrero del 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) me informó y confirmó el examen jurídico. Es decir; que pasó a una etapa intermediaria la denuncia que fue planteada en noviembre de 2019, pasó a una etapa de examen jurídico. El elemento interesante, según informa la fiscal de la Corte Penal internacional, es que además; no solo se examina la denuncia, sino también que hay otras denuncias en paralelo. Son antiguas denuncias que he podido averiguar más adelante, que están siendo tomadas en cuenta también por la Corte Penal Internacional con respecto la situación de Bolivia.

La segunda, es que está en curso una ampliación de esta denuncia, no solo los hechos del 2019, que constituyen los crímenes de lesa humanidad, sino los acaecidos durante el periodo de los 14 años del señor Evo Morales. Esta ampliación tiene que ver, ya no con los ataques generalizados, de lo que ocurrió en 2019, sino ataques sistemáticos por razone políticas e ideológicas que han sucedido en los largo de los diferentes periodos del mandato del señor Evo Morales. Tal es el caso del hotel las Américas y otros.

¿Es decir entonces que la denuncia fue admitida?

No existe la denuncia de admisibilidad, lo que hay es la recepción de la denuncia y va por etapas. Una de las etapas que se franqueó por suerte, es una buena noticia; es que hay un estudio jurídico que ha sido instruido por la Fiscal el 25 de febrero. Entonces, hay un examen jurídico que ha sido admitido, porque consideran que hay elementos y que lo ameritan, los elementos jurídicos y actuales, los elementos de prueba han sido trasmitidos a la Corte Penal Internacional  y la  Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirma que ha dado instrucciones para el estudio jurídico del caso, porque consideran que hay elementos y hay una suficiente base probatoria.

Si todo va bien, en la siguiente etapa, va abrirse la investigación preliminar. La investigación preliminar es la que se hace en La Haya. En esa etapa, se considera que es lo que ha hecho la Fiscalía de Bolivia y el  conjunto del sistema judicial para responder frente a estos crimines frente a que se investigó o no, en esa etapa se evalúa. Porque lo que se toma en cuenta es el principio de subsidiaridad, que significa  que la Corte Penal Internacional actúa o retoma un caso de crimines que han sido denunciados, sí y solo sí, el Estado boliviano a  través del sistema judicial y en particular la Fiscalía de la nación, si lo investiga o no o si lleva la acusación o no.

Yo he comunicado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una serie de elementos, que demuestran que en Bolivia, no hay la voluntad al menos, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de acusar o investigar. Por la información que yo tengo hasta ahora no hay personas que estén siendo investigadas en Bolivia por crimines contra la humanidad, sino por delitos como: terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros.  Hay una ambigüedad, manipulaciones políticas de todas partes, de la Fiscalía General de la nación (en Bolivia), que no nos permite creer en su objetividad y no hay esa intención de perseguir estos hechos como crimines contra la humanidad, más bien (hay la intención) de aminorarlos.

¿Qué otros elementos se comunicó a la CPI?

Hay otros elementos que se han comunicado, no tanto de la Fiscalía General del Estado, sino del poder judicial boliviano. El poder judicial boliviano lamentablemente y que pese a la transición  que es muy corta todavía, a mi modo de ver no garantiza el juzgamiento imparcial  de este tipos de hechos, qué como  digo son crímenes contra la humanidad. Eso se comunicó. Y cada vez que haya elementos contradictorios, que aparecen en el comportamiento del Ministerio Público boliviano, pues automáticamente vamos a comunicar a la Corte Penal Internacional para demostrar los problemas que hay a ese nivel.

¿La ampliación de la investigación contra quién o quienes está dirigida?

La ampliación de la investigación está dirigida a “X” personas, no hay nombres, eso lo dejamos al Fiscal de la Corte Penal en el análisis, pero; se hizo contra “X”. Sabemos que hay varios actores como el Ministerio de Gobierno (de aquel entonces), por ejemplo pasaron varios ministros durante los hechos de Caranavi, el Hotel las Américas y otros durante los 14 años. Corresponderá identificarlos, es por eso que se hizo la ampliación.

¿En la denuncia que se presentó el año pasado todavía figuran los nombres de Evo Morales, Álvaro García Linera y sus exministros?

Sí, ya está planteada. Es esa denuncia que ya ha sido recibida y está pasando al examen jurídico, porque hay bases probatorias suficientes para su examen jurídico, es lo que me informó la Fiscal y se añadirá otras denuncias aisladas que se desconocía, que no eran actuales, como por ejemplo el del hotel las Américas, que fue planteado  en el 2010.

Los hechos  del 2019 corresponden al ataque generalizado que se va traducir una serie de violaciones agresiones, asesinatos que se dio en contra la población en general.  La ampliación corresponde a los hechos anteriores en los que estaba como protagonista y esa vez, presidente del Estado, Evo Morales (…) La Política de la Corte Penal Internacional es perseguir a los  autores que tienen mayor responsabilidad en una administración de Gobierno, sean civiles, policiales o militares, los que tenían la responsabilidad de la cadena de mando.

¿Cuántas son las pruebas presentadas sobre los hechos de noviembre del 2019?

Son varias, son un centenar. De la ampliación que está en curso,  se ha presentado 40 o cincuenta elementos probatorios, entre fotografías, testimonios, videos y lo que fue relevado por la prensa, con la prudencia del caso porqué hay mucha desinformación y en eso confió en la Corte Penal y la Fiscalía, para que de una vez pase a una etapa de investigación formal se pueda discernir y las pruebas, sobre todo en los testimonios.

¿Del centenar de pruebas que se presentó por el caso de noviembre, cuál es el elemento probatorio más importante?

Son dos: la instrucción del señor Evo Morales en Cochabamba, cuándo todavía es presidente y  habla de cercar ciudades y es que raro ver a un jefe de Estado dar instrucciones a ciertos grupos civiles constituidos en forma de paramilitares, dar órdenes de cercar ciudades y cortar los flujos de alimentos y agua. La segunda prueba e incriminatoria, es la comunicación telefónica y video, que tuvo Evo Morales desde México y da las mismas instrucciones de cercar las ciudades, para corta el flujo de alimentos y agua.  Aquí tenemos pruebas directas que incriminan a un exjefe de Estado en hechos que son tipificados como delitos de crímenes contra la humanidad. Esas dos pruebas son importantes.

¿Los nombres de los 10 bolivianos que presentaron la denuncia ante la CPI continua en reserva?

Sí, continúa en reserva y eso es a pedido de ellos. Se quiere evitar las represalias y porque hay estructuras que siguen vigentes en el país, me parece totalmente normal que se haga dicha solicitud.

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