19 de septiembre de 2021

Ecuador abre una investigación al ex presidente Correa por pagar 2,6 millones a la cooperativa de Podemos

OKDIARIO desvela las 18 transferencias bancarias que la Embajada de Ecuador en España hizo a Mayoral

La Contraloría de Ecuador, la máxima institución de control fiscal del país, ya está investigando si el Gobierno de Rafael Correa financió Podemos ilegalmente con los pagos de 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa del partido fundado por Pablo Iglesias. Esta investigación se inicia justo después de que OKDIARIO haya desvelado los contratos que acreditan estos pagos. Unas entregas de dinero que se llevaron a cabo desde la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016 y se produjeron por la realización de unas supuestas asesorías jurídicas en materia de derecho hipotecario a los inmigrantes ecuatorianos que residen en España.

El pasado 13 de septiembre, Esteban Torres, portavoz del Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea Nacional de Ecuador, presentó una denuncia ante la Contraloría General del Estado, un organismo similar al Tribunal de Cuentas español. El escrito tiene como asunto la “solicitud de inicio de procesos de control y auditoría a procesos contractuales en la Embajada del Ecuador en España entre los años 2012 y 2021” y va dirigido a Carlos Alberto Riofrío González, Contralor General del Estado.

La presentación de esta denuncia se llevó a cabo horas después de que OKDIARIO publicara todos los documentos que acreditan los pagos millonarios del Gobierno de Rafael Correa a la cooperativa de Podemos. Unos montantes millonarios que Kinema recibió tras emitir 11 facturas y recibir 18 transferencias bancarias de la Embajada de Ecuador en España, ubicada en la calle Velázquez de Madrid. Unos pagos que se produjeron después de que los embajadores de Correa firmaran 14 órdenes de pago gracias a las 8 autorizaciones que otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Quito.

Denuncia a Kinema, la cooperativa de Podemos.
Denuncia a Kinema, la cooperativa de Podemos.

El documento elaborado por Torres arranca así: “Señor Contralor General de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, remito a Usted toda la información que me ha sido entregada a raíz de la investigación parlamentaria que inicié de los procesos de contratación de servicios de asesoría legal hipotecaria y de asistencia psicosocial desde el año 2012 hasta el 2021 en la Embajada del Ecuador en España”.

Una petición de investigación que, tal y como ha podido saber este periódico, fue admitida a trámite a las pocas horas de que se registrara. De hecho, la Contraloría ya tiene diseñado un plan de ruta para investigar si el Gobierno de Correa usó los pagos de 2,6 millones de euros a Kinema para financiar ilegalmente el partido de Pablo Iglesias. En el caso de que la Contraloría encuentre algún indicio de delito enviará la documentación a la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

Lo que esta institución ecuatoriana pretende es saber si el dinero público se ha usado correctamente y para ello hay dos coordenadas fundamentales: revisar si los contratos a Kinema fueron redactados acorde a la legalidad o si se usó algún resquicio burocrático aprovechando que se trataba de un proceso administrativo internacional y si se trata de una relación contractual genuina, es decir, si los contratos se llevaron a cabo o si, al contrario, se pudieron usar como instrumento ilícito para desviar dinero del presupuesto de la Embajada de Ecuador en España.

Pero habrá más comprobaciones. A continuación se investigará si las cifras millonarias de los contratos se ajustan al valor de mercado de los servicios profesionales que ofrecía la cooperativa de Podemos o, en su caso, si las cifras no son coherentes con el precio habitual de estos servicios. Por último, la Contraloría comprobará el rastro del dinero: si acabó en las cuentas bancarias de Kinema o, en su defecto, de alguna tercera persona. Para llevar a cabo todo este proceso, la Contraloría prevé enviar a España una delegación de funcionarios para realizar una auditoría en las oficinas centrales de la delegación diplomática del país andino.

“En tal virtud, comedidamente solicito se sirva iniciar procesos de control y auditoría que correspondan de acuerdo con lo establecido en la Ley, con la finalidad de evaluar la utilización de recursos estatales en dicha Misión Diplomática cumplió con los requerimientos legales. Y en el caso de que no haya cumplido, se remita a la Fiscalía General del Estado para su posterior investigación y trámite”, continúa la denuncia.

Una cláusula de confidencialidad

El objeto de los contratos que reportaban a la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias estos elevadísimos ingresos económicos eran estos: “Orientación y asesoramiento jurídico individual y colectivo a ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia así como a la Embajada de Ecuador en España”. Sin embargo, los encargos que el Gobierno de Rafael Correa hacía a la cooperativa de Podemos obligaron a Kinema a ampliar sus servicios a otras ciudades que, a su vez, le generaban unos altos ingresos económicos.

Además, el Gobierno de Rafael Correa obligó a la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias a firmar una cláusula de confidencialidad en cada uno de los contratos y en sus respectivas ampliaciones. El motivo de esta maniobra no era otro que mantener en secreto el modus operandi en el que se llevaron a cabo los pagos entre la Embajada de Ecuador en España y Kinema. En el caso de que la cooperativa de Podemos revelara algún detalle sobre la relación, totalmente confidencial, debería de pagar una indemnización al Estado del país andino.

De hecho, la ex embajadora Buenaño reconoció a este periódico que durante su gestión se contrataron los servicios profesionales de Kinema por orden directa de Rafael Correa. Una orden que recibió a través de la Cancillería, el Ministerio de Exteriores de Ecuador. “No, no fue una decisión mía. Recuerde que los embajadores hacen lo que dice el Estado, el Gobierno”, nos aseguró. «¿Así que usted recibió alguna directriz?», le preguntamos. «Sí, se recibieron directrices», respondió.

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