La expresidenta Jeanine Añez declaró en calidad de testigo en el caso gases lacrimógenos, y sostuvo que la operación se llevo a cabo amparada en las leyes Safco y 400, aprobadas durante el mandato de Evo Morales.
El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, afirmó que Añez emitió sus declaraciones entre las 12:00 y 14:30 del lunes en el penal de Miraflores, donde está detenida desde mediados de marzo de este año.
El Ministerio de Justicia informó que durante el gobierno de Añez se aprobaron tres decretos para esta compra: el 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de equipo antidisturbios para la Policía Boliviana; el 4116, que abrogó el 4090 que autorizaba la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos, y el 4168 que asignó recursos para la adquisición de agentes químicos.
Ante estas declaraciones, el abogado de Añez aclaró la situación legal de la exmandataria y el contexto jurídico en el que los gases fueron adquiridos.
“Los decretos supremos (aprobados en el gobierno de Añez) cumplen lo establecido en la Ley Safco y en la Ley 400, que permite que se hagan estas adquisiciones de forma directa… son legales, en ningún momento han sido emitidos fuera del marco normativo. Los tres decretos supremos cumplen lo establecido en la norma… la Ley 400 es la aprobada en la gestión de Evo Morales”, aseveró Guillén, según Los Tiempos.
La investigación de este caso data de hace dos semanas, cuando se descubrió que en la gestión del exministro de Gobierno Arturo Murillo, el Estado boliviano compró gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares a través de una empresa intermediaria.
Por el hecho se investiga por el delito de lavado de dinero al extitular de Gobierno.