Caso Murillo: Procuraduría pagará Bs 1,7 MM al bufete de Estados Unidos

El consorcio estadounidense fue contratado con ese precio base, para que se haga cargo del seguimiento del proceso al extitular de Gobierno.

Juan Pérez Munguía / La Paz

 El Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Procuraduría General del Estado (PGE) detalla que el consorcio Greenberg Traurig, de Estados Unidos, fue contratado por 1.740.000 bolivianos para hacer “seguimiento exhaustivo” al proceso que involucra al exministro Arturo Murillo en ese país e iniciarle un juicio civil.

El documento establece que la modalidad del acuerdo es de contratación directa y con dinero del Tesoro General de la Nación (TGE). Fue firmado este mes y el monto señalado es el precio referencial, que permite seleccionar “la propuesta que presente la mejor calificación técnica”, como detalla el artículo 5 del Decreto Supremo 0181.

El apartado 13 de esa normativa señala que las contrataciones directas de bienes y servicios no tienen un monto fijo definido. Esto quiere decir que los convenios de estas características se cumplen “sin límite de monto”.

“Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, la entidad publica podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al 20% del monto total del contrato”, especifica el enunciado 19 del Decreto Supremo 0181.

Murillo fue detenido en Estados Unidos en mayo por los delitos de soborno y lavado de dinero por la compra de material antidisturbios de la intermediaria Bravo Tactical Solution.

El hecho fue investigado a raíz de movimientos bancarios irregulares en Estados Unidos que realizaron los propietarios de la compañía y el exministro.

El procurador Wilfredo Chávez anunció el 6 de junio que contrató al bufete Greenberg Traurig para atender el caso.

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“Por instrucción del presidente Luis Arce nos hemos constituido acá a contratar  la firma de abogados Greenberg Traurig como consorcio de abogados que ayudará en la representación legal”, señaló el funcionario.

Chávez viajó a Estados Unidos para estar presente en la audiencia del extitular de Gobierno, prevista para el 7 de junio, que se suspendió hasta el 9 de julio.

El 11 de junio se subió al sistema del PAC el proceso de contratación de la firma de abogados.

Página Siete se comunicó con el asesor de comunicación de la PGE, Marcelo Arce, para hablar con el titular de la institución y consultarle sobre el costo erogado por el Estado para pagar al consorcio estadounidense. Arce aseveró que no era posible contactar a Chávez ni podría facilitar su número de celular.

El jueves se dio a conocer de manera extraoficial que Murillo negoció con la Fiscalía de Estados Unidos y pasó de ser acusado a “testigo protegido” del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Desde la PGE se indicó que no había información oficial. El procurador señaló el viernes que la información del sistema judicial de Miami señala que Murillo sigue detenido. Sin embargo, no descartó que pueda haber llegado a un acuerdo con anticipación con la justicia de ese país.

La oposición ve un “gasto insulso”; un experto, que no era necesario 

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos calificó como un “gasto insulso” la contratación de un bufete en Estados Unidos, ya que Bolivia no es la “parte activante” del proceso contra el exministro Arturo Murillo.

“Está claro que al MAS sólo le interesa lavarle la cara a Evo Morales. No había necesidad que viaje Wilfredo Chávez a Estados Unidos, ni que se lleve un equipo del canal estatal para hacer show, tampoco que se contrate un bufete. Los bufetes en Estados Unidos cobran por horas, eso es un gasto y peor ahora, en tiempo de pandemia”, señaló.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar expresó que no tenía conocimiento de que se contrató una firma de abogados en Estados Unidos y cuestionó el rol del cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega, “quien debería estar haciendo el seguimiento del caso porque se le paga un salario”.

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El abogado internacionalista Sergio Fernández aseguró que en esta primera etapa del proceso no era necesario contratar un bufete de abogados en Estados Unidos porque la situación jurídica del exministro no está definida, y luego de su arresto tenía la posibilidad de negociar, lo que de manera extraoficial se conoce que ya hizo con la justicia.

“Se han movido un poco lento, si el proceso de extradición hubiera estado en curso, sí era necesaria la contratación de un bufete. No era necesario contratar un estudio de abogados para hacer seguimiento del caso de Murillo”, manifestó el jurista.

El experto indicó que contratar un consorcio en Estados Unidos representa un gasto muy alto, ya que algunos llegan a cobrar de 1.000 a 2.000 dólares la hora.

Agregó que la firma Greenberg Traurig, que fue contratada por la Procuraduría, es una de las más grandes de ese país.

“Esa firma tiene 56 oficinas en el mundo, es una de las más grandes. Es un súper estudio, ¿pero para qué se lo contrata? Es como contratar a Superman, cuando no hay villano, para poner un ejemplo más coloquial, porque aún no hay una causa”, indicó.

Otro experto indicó que más que contratar un bufete, lo mejor era insistir con la extradición.

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