CC pide auditoría a contratación del bufete de Arce en arbitraje del mutún

La firma Alliance Abogados Asociados fue contratada para prestar servicios jurídicos para el arbitraje contra ESM-Jindal Steel. El caso fue adjudicado por Bs 2,5 millones.

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea, Elena Pachacute y Óscar Balderas enviaron este miércoles una carta al contralor general del Estado, Henry Ara, para solicitar una auditoría al proceso de contratación “por excepción” de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la firma Alliance Abogados Asociados, de la que es parte el exministro Héctor Arce.

La carta señala que la contratación de bufete —conformado además por el exprocurador Pablo Menacho— presenta “vicios de nulidad absoluta que atentan contra los intereses del Estado e incumple lo establecido en las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”.

Al respecto, Ormachea señaló que contratar a la firma de juristas de Arce representa contratar “a los amigos del Gobierno”.

“Este contrato tiene vicios de nulidad; presunción de daño económico al Estado, tiene por detrás el concepto de desvío de poder en función al aprovechamiento del Estado para beneficio económico personal de Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho (…) es una contratación a los amigos del Gobierno”, denunció Ormachea.

Alliance Abogados Asociados S.C. se adjudicó la defensa de la Empresa Siderúrgica del Mutún para un arbitraje internacional. El consorcio de abogados fue contratado por la estatal bajo la modalidad: “contratación por excepción”.

Los servicios del bufete fueron contratados para la representación de la empresa estatal en el proceso que le sigue el grupo indio Jindal Steel & Power Ltd por 86 millones de dólares, por el caso de un fallido desarrollo del proyecto siderúrgico presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional.

La contratación se realizó pese a que la firma de juristas recibió observaciones del trámite en el Registro Público de Abogados (RPA).

De acuerdo con el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), la contratación de la firma de abogados fue justificada para la prestación de servicios jurídicos para el arbitraje contra ESM-Jindal Steel. El caso fue adjudicado por 2.505.600 bolivianos.

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