31 de octubre de 2020

Cicatriz de incendios de 2019 coincide con los asentamientos aprobados por el INRA

Hasta el año pasado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria aprobó 1.455 nuevas comunidades en el país, 945 en el departamento cruceño. La mayoría de ellas en la Chiquitania

El 90% de las dotaciones de tierra presenta irregularidades, que van desde comunidades fantasmas y sobrepuestas, hasta falta de documentos, procedimientos mal llevados, varias dotaciones a una misma persona, etc., según datos del Viceministerio de Tierras.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) actualmente está en un proceso de auditoría de las resoluciones emitidas por la anterior gestión, razón por la que ha suspendido autorizaciones.

EL DEBER accedió a una gráfica que muestra la coincidencia entre los asentamientos en el departamento cruceño y la cicatriz que dejaron las millones de hectáreas quemadas en la Chiquitania en 2019. Y ante la pregunta, el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, confirmó que hay una relación entre ambos.

“Con el Consejo Nacional para la Reducción y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) hemos detectado que sí existe la probabilidad latente de que estas comunidades hubieran iniciado algunos fuegos”, confirmó.

El sábado, Terrazas se reunió con las autoridades municipales del departamento. “Tienen una petición bastante fuerte, por lo que nos comprometimos a realizar la fiscalización, solo que los recursos limitados y la pandemia nos han detenido”, dijo.

Precisamente, el sábado se registró en el Tesoro General de la Nación (TGN) una partida de Bs 2 millones para comenzar con esa labor, aunque el presupuesto total es de Bs 14,5 millones. “Ya tenemos los recursos y haremos un primer ingreso junto al control social, Dios mediante en un mes, para fiscalizar en campo, aunque por estrategia no diremos dónde”, adelantó el viceministro. También aclaró que no es que simplemente sacarán a la gente asentada.

“Hay comunidades que, de repente, están en posesión y trabajando, dedicadas a la agricultura y ganadería, revisaremos su documentación y, si está mal, vamos a reencauzar, veremos sus nuevas listas con sus indígenas o campesinos que se encuentren en el lugar para emitir una nueva resolución que les permita, ya de manera correcta y legal, seguir sus procesos, cosa que el Gobierno que llegue no tenga que fiscalizar, sino dar continuidad al proceso que nosotros dejamos”, dijo.

De acuerdo a los reportes del INRA, en las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se distribuyeron tierras a 1.455 comunidades en todo el país, 945 de ellas en Santa Cruz, la mayoría en la Chiquitania. En la provincia Cordillera solo se contabilizaron alrededor de 80 asentamientos.

Terrazas reconoció que el Comité Cívico de las Provincias Chiquitanas maneja cifras distintas a las del INRA en cuanto a los asentamientos. “Según sus registros, ellos dicen que son más de 2.000 comunidades, eso quiere decir que algunas han entrado ilegalmente, de repente con autorización verbal, pero documentos no tenemos. El 25 de septiembre nos volveremos a reunir con ellos para hacer un boceto de esas supuestas comunidades, y de ese modo incluirlas en la fiscalización”, dijo.

Las dotaciones del INRA se realizaron en el marco de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545 y el reglamento 29215.

“La norma prevé que después del proceso de saneamiento, estas tierras fiscales deben ser distribuidas a comunidades campesinas e indígenas. En base a este marco jurídico, el INRA, bajo el Gobierno del MAS, hizo una distribución irrestricta de tierras, sin contemplar una distribución integral, es decir que no se da tierra si la comunidad no tiene recursos ni capacidad de producir”, dijo.

Según la autoridad, incluso algunas autorizaciones para la dotación se hicieron de forma verbal por ministros y viceministros, lo que originó sobreposiciones de comunidades, que deben ser resueltas por el INRA.

“No podemos permitirles que concilien sobre tierras que no son de ellos, sino del Estado.

La Constitución Política del Estado (CPE) nos da la tuición para que nosotros, como Gobierno, a través del INRA, como brazo operativo, con las políticas que surjan desde el Viceministerio de Tierras, generemos la distribución legal y correcta de la tierra, en cumplimiento de su vocación, pero no podemos distribuir en monte o en áreas protegidas” (AP), aclaró.

Del asentamiento en AP, Terrazas reconoció que el tema los pone en un conflicto legal, del que surgirá otro social. “Tenemos la obligación legal de desalojar porque en AP la vocación de la tierra no permite estar asentados. Pero si ya lo están, veremos la forma de otorgar un territorio que no sea dentro de un AP para que puedan trasladarse y seguir trabajando. Eso costará porque tendremos que hacer un consenso “, reconoció.

Bajo esta línea, Terrazas también fue enfático en que la normativa prevé que la tierra primero sea para la gente de la región y después se verá si se genera el ingreso de interculturales u otras comunidades del occidente.

Con respecto al origen de las solicitudes de permisos para asentarse, Terrazas dijo que no tiene ese porcentaje. “Contamos con los datos de comunidades, pero no sobre si son interculturales o bartolinas, etc., de todos modos, haremos esa fiscalización sin importar de dónde sean”, dijo.

Terrazas reconoció que muchos de los trámites son fantasmas. “Sabemos que llegaron carpetas de interculturales y de las bartolinas a quienes les dieron resolución de asentamientos, pero que no existen en campo, entonces son comunidades fantasmas. Eso se revertirá a favor del Estado para hacer una distribución acorde a la CPE”, adelantó.

Del mismo modo, a los que se hicieron dotar con tierra hasta en cuatro comunidades, se los va a depurar. Para eso el INRA está actualizando la base de datos informática Runsa.

A la consulta de por qué tanta dotación en la Chiquitania, Terrazas explicó que la información que manejan es extraoficial. “Juan Ramón Quintana, en sus estrategias geopolíticas, tenía la intencionalidad de repoblar la Chiquitania con gente del occidente, a fin de ganar votos y generar una región donde el MAS se potencie, para quebrantar una región que siempre fue opositora. Si revisamos la carretera San Ignacio de Velasco, es por donde hay tierras fiscales y donde se han distribuido tierras, hay mucha coincidencia”, aseveró.

El combo legal incendiario

El decreto 3973, recientemente abrogado por la presidenta Jeanine Áñez; la ley 741, la más cuestionada para la que se pide anulación a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); y la Ley 1171, de quemas, son parte del combo legal que los conservacionistas llaman “incendiario”.

José Luis Terrazas, director jurídico de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), reconoció que la Ley 741 contradice la CPE, la Ley Forestal, la Ley del INRA, y la de Medio Ambiente.

“Ha sido motivada políticamente, permite que el comunario desplazado en cierto lugar para hacer fuerza poblacional en determinados municipios, acceda a un derecho forestal sin pagar patente y sin cumplir requisitos técnicos y legales en materia medioambiental. Personalmente, no creo que la ALP viabilice la abrogación de esa ley porque da impulso al campesino asentado, difícilmente en este momento la ALP va a jugársela”, dijo el funcionario de la ABT.

Para José Luis Terrazas, esta norma establece taxativamente que la ABT debe otorgar ese derecho a quema sin pedir instrumentos de gestión, sin importar si la tierra es o no de producción forestal permanente, o lo que dice el Plan de Uso de Suelo (PLUS), a sola solicitud del comunario asentado, con una certificación de asentamiento del INRA.

El titular jurídico nacional de la ABT también dijo que, si se hace una sobreposición entre la cicatriz de quema de 2019 y los derechos otorgados en base a la Ley 741 (en color amarillo en el mapa), habrá coincidencias.

En la cicatriz de la quema ahora está todo paralizado porque es un área que ha sido afectada y sujeta a evaluación de cómo se va a restablecer el tema de la fauna y la flora”, argumentó.

Terrazas informó que la Ley 741 está en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde hace muchos meses y que hasta ahora el TCP no se pronuncia acerca dela inconstitucionalidad.

Sobre el decreto 3973, de Evo Morales, de julio de 2019, recientemente abrogado, Terrazas explicó que permitía quemar y desmontar en tierras de producción forestal permanentes, sin tomar en cuenta el PLUS.

De la Ley 1171, también de Evo Morales, de abril de 2019, el director jurídico de la ABT dice que abre una permisividad al uso del fuego de manera ágil y fácil, bajo el concepto de preservar la seguridad alimentaria del país, y con sanciones bastante leves. Sin embargo, aclara que no se aplica porque no está reglamentada.

Sanciones y procesos

José Luis Terrazas explicó que, dentro de las competencias establecidas en la Ley 1700, la ABT puede sancionar en el ámbito del Derecho Administrativo las contravenciones al régimen forestal, identificadas como aprovechamiento ilegal, almacenamiento ilegal de productos forestales, comercialización, procesamiento, desmonte ilegal, y la quema no autorizada.

Si la ABT encuentra a personas realizando quemas, les aplica sanción pecuniaria, que según la Ley Forestal debe ser de 20 centavos de dólar por hectárea. “Sabemos que es poco, pero es lo que dice la ley de 1997. Muchas veces la gente, cuando le dejamos una citación, dice que después paga”.

Aclara que, ante la reincidencia, se cobra el doble, y así va multiplicándose la multa, según el grado de repetición del delito.

Cuando la quema se convierte en un incendio que se desborda, deja de ser competencia exclusiva de la ABT. “Sentamos la denuncia, y la sanción, ya en el ámbito penal, es la pérdida de la libertad, y los bienes quedan legalmente hipotecados hasta que se pueda resarcir el daño”, detalla. Entonces entra en escena el Ministerio Público.

Una de las mayores recomendaciones de Terrazas es que cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, tome conocimiento de un hecho delictivo, como la quema ilegal, denuncie, aunque no sea parte del proceso.

Hace falta que las autoridades se involucren, hasta donde sé, los únicos que hemos sentado denuncias por quemas somos ABT y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, dijo, a tiempo de recordar que incumplir este trabajo es un delito de corrupción que no prescribe, según la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Según Terrazas, si bien se habló de 250 procesos administrativos iniciados por la ABT solo en 2020, en realidad van 900 adicionales, o sea 1.150, además de cuatro penales, a diferencia del año pasado, cuando ocurrió el incendio en la Chiquitania. “Solo se abrieron 20 procesos administrativos y no hay una sola persona en la cárcel”, cuestionó.

Asimismo, dijo que la ley no discrimina si el autor del incendio es un indígena o gran productor. “Igual vamos a sancionarlo, pedir que se lo impute y se lo aprehenda”, aseguró. Según él, falta que el Ministerio Público dé prioridad a este tipo de acciones, y que la sociedad entienda que quemar es delito. “Saldremos a buscar a los autores para encontrarlos en flagrancia”, advirtió, y celebró la declaratoria de emergencia que les da recursos que ya daban por agotados.

Un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza dice que 4,1 millones de ha se quemaron en Santa Cruz, y en Beni 1,8 millones. Ambos departamentos concentraron 94% de las áreas quemadas en el país. El fuego pasó por dos millones de ha de bosques, el 98% en Santa Cruz, especialmente el chiquitano; 1,2 millones de hectáreas arrasadas fueron áreas protegidas, como el Ñembi Guasú, el fuego afectó el 86% de su territorio, flora y animales.

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