23 de octubre de 2020

Cívicos presentarán segundo testigo contra el Fiscal General Juan Lanchipa

Esta persona “trabajó codo a codo” con Lanchipa, quien desvelará irregularidades durante su gestión. La Fiscalía General califica de «política» la movilización cívica en su contra.

Lanchipa

Un nuevo testigo se presentará este viernes en la ciudad de Sucre, que confirmaría las denuncias contra el Fiscal General Juan Lanchipa, que hace el Comité Pro Santa Cruz, para lograr su renuncia.

“Mañana (viernes), será la última las ocho denuncias que presentaremos. Nos vamos a querellar con las declaraciones de una persona que va a decir, va a informar y va a demostrar que todo lo que hemos venido denunciando es cierto”, adelantó Jorge Valda, uno de los abogados del Comité Cívico cruceño.

El jurista no quiso revelar mayores detalles ni la identidad de la persona, para no generar riesgos en su integridad, pero aseguró que esta persona “trabajó codo a codo” con Lanchipa, quien revelará irregularidades durante su gestión.

Primer testigo

El miércoles, un exjefe de Sistemas del Consejo de la Magistratura de La Paz, denunció que en 2018 fue obligado por autoridades superiores, a manipular el sistema para direccionar una acción de Amparo Constitucional que había sido presentado por el entonces presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Juan Lanchipa, con el fin de habilitarlo en su postulación al cargo de Fiscal General del Estado.

Con el testigo, se presentó la denuncia a través de su declaración, indicando que había sido engañado por sus superiores, quienes señalaron que había justificativo para esa actuación.

“Señor Lanchipa, mañana tiene otro paquete más de denuncias en su contra. Le haremos conocer más actos delincuenciales que usted y toda su organización criminal viene haciendo en este país. No nos vamos a ir de aquí sin su renuncia y metiéndolo a usted preso”, advirtieron los cívicos en puertas de la Fiscalía General en la Capital del país.

En las últimas semanas, se han presentado tanto en Sucre como en el interior del país, al menos ocho denuncias contra el Fiscal General, como terrorismo, uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros cargos.

Cierre de puertas

Por otro lado, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, junto a otras tres personas, fueron impedidos este jueves de presentar nuevas denuncias contra la autoridad debido al cierre de las puertas de la entidad en Sucre.

El negar la justicia a un pueblo es un delito ¿por qué no detiene a la persona que da esa orden para que nos permita ingresar y presentar una denuncia?”, preguntaban los cívicos por las rendijas de la puerta de la entidad pública, a un policía encargado de la seguridad.

Los uniformados señalaron que el cierre de las puertas fue por orden de una fiscal. Pese al reclamo, no se dio acceso a la ventanilla para la oficialización de las denuncias.

Las autoridades cívicas se vieron sorprendidas ante el impedimento para la presentación de las denuncias, que están especialmente vinculadas a un supuesto clan familiar, gestado por la máxima autoridad del Ministerio Público.

Sus parientes cercanos han sido posesionados como fiscales en el órgano judicial. Heredan cargos judiciales cual si fuera una dinastía. Como si estuviéramos viviendo en una etapa dictatorial”, apuntó Valda.

Posición de la Fiscalía

Por su parte, EL DEBER pudo conocer la posición oficial de la Fiscalía General, que asegura que las denuncias y las movilizaciones que hacen los cívicos son actos  político y que el Ministerio no va a entrar a contestarles.

«El trabajo del Ministerio Público se enmarca en la ley. Los procedimientos que aplican los cívicos y las plataformas ciudadanas no son los adecuados. La única instancia que puede proceder con una acusación si es que hubiere elementos, es la Asamblea Legislativa, institución encargada por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. No se está cumpliendo el debido proceso de denuncia», señaló la entidad.

Sobre el cierre de las puertas de esa institución, explicaron que este jueves había el riesgo de una toma física de las instalaciones, ya que alrededor de 20 personas se reunieron en la plaza principal de la Capital, para con el fin de movilizarse a la Fiscalía.

| EL DEBER