El Senado aprueba norma para eximir a las gobernaciones del gasto en prediarios carcelarios y bono de vacunación
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que determina que el nivel central del Estado asumirá el costo de los prediarios de los privados de libertad y el bono de vacunación, liberando a los gobiernos departamentales de estas cargas presupuestarias. En esa línea, se establece que quedan prohibidos los débitos automáticos y las transferencias de recursos por dichos conceptos.
La norma, denominada Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, contempla además que la financiación para los diplomas de bachiller pase a ser atribución del nivel central. Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su correspondiente revisión.
Se trata de una constante demanda de los gobiernos departamentales de Bolivia, instancias que denunciaron repetidamente la transferencia de estas competencias sin el debido respaldo económico por parte del Estado.
En ese contexto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, solicitó la pasada jornada que estos pagos sean cubiertos por los ministerios de Gobierno, Salud y Educación. Cabe recordar que en 2005, mediante la Ley 3302, se delegó a las regiones el costeo del prediario, el bono de vacunación, las becas universitarias y los aportes de contraparte para electrificación y riego.
Al respecto, el presidente del Senado, Diego Ávila, remarcó que se está restituyendo la competencia y la asignación de recursos al nivel central, corrigiendo responsabilidades que habían sido atribuidas a las autonomías.
La disposición fija que el Tesoro General de la Nación (TGN) financiará los gastos del Régimen Penitenciario, las asignaciones económicas del sector salud, las becas universitarias estatales y el mantenimiento de infraestructura deportiva de titularidad o responsabilidad del nivel central.
Estos compromisos eran cubiertos mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); sin embargo, la disminución en la producción y exportación de gas generó un desequilibrio financiero que fue advertido por las regiones. Asimismo, la norma estipula que la participación departamental en obras de riego y electrificación se definirá a través de convenios intergubernativos.