17 de octubre de 2021

Evo suspendió proyecto de litio, pero en México Arce culpó a Añez

Según el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, las protestas y pedidos de abrogación de la sociedad estratégica YLB-ACI Systems comenzaron mucho antes de las elecciones generales de 2019.

El expresidente Evo Morales acabó con la sociedad boliviana-alemana para la explotación de los yacimiento del litio del Salar de Uyuni con la abrogación del Decreto Supremo 3738, que creaba la empresa mixta YLB-Acisa siete días antes de dejar el poder en 2019. 

El presidente Luis Arce el miércoles en su visita a México culpó a la gestión transitoria de no cerrar negociaciones con una empresa alemana para la explotación del litio y las salmueras en el Salar de Uyuni, Potosí.

“Fue éste uno de los objetivos del golpe de Estado, estábamos avanzando en la industrialización con una empresa alemana, íbamos a beneficiarnos de la planta y todo en Bolivia (…), y cuando estábamos por suscribir el contrato con la empresa alemana vino el golpe de Estado, que justo uno de los pilares fue generar en Potosí condiciones de protesta por supuestas pocas regalías”, afirmó junto al presidente mexicano Manuel  López Obrador. 
 

Sin embargo, la abrogación del Decreto Supremo 3738 se dio siete días antes de la salida de Evo Morales del poder a raíz de las protestas de los sectores cívicos del departamento de Potosí, los cuales habían comenzado meses atrás, en marzo de 2019.

En diciembre de 2018, el Gobierno  boliviano anunció la creación de una empresa mixta boliviano-alemana con el fin de explotar e industrializar el litio del Salar de Uyuni, pero a los pocos meses de anunciar la sociedad y validarla con el Decreto Supremo 3788, líderes cívicos y expertos en el tema del litio  denunciaron que el acuerdo de sociedad no era beneficioso para el país.

De acuerdo con el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo)  Marco Antonio Pumari  los reclamos por las condiciones de la sociedad entre Bolivia y la empresa alemana ACI Systems comenzaron casi inmediatamente después de la promulgación del Decreto Supremo 3738.

“Comcipo, en representación del departamento, inicia sus reclamos por las condiciones desventajosas del contrato y la sociedad apenas éstas se hacen públicas y ese reclamo se mantuvo por la mayor parte de 2019 y no tuvo nada que ver con el fraude electoral”, aclaró el exlíder cívico.

Los principales reclamos de los cívicos potosinos se debían a que, según las condiciones de la sociedad, la empresa mixta no iba a pagar “ni un solo centavo” de regalías al departamento, no se aseguraba la instalación de una planta de fabricación de baterías, se establecía un pago mínimo para el hidróxido de litio extraído de las salmueras residuales y no se garantizaba la transferencia de tecnología al país y que el contrato planteado tenia una duración de 70 años.

“Se estaba consesionando las salmueras residuales por 70 años, sin ninguna consulta previa al pueblo potosino y eso nos pareció aberrante y contrario a los intereses de nuestro país y del departamento, por eso hemos pedido que el Decreto Supremo 3738 sea abrogado”, dijo Pumari.

  Por su parte, el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) Héctor Córdova indicó que la anulación de la sociedad entre  Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la alemana ACI Systems se da como un intento del gobierno de Evo Morales de  ganarse a Potosí, en medio de un contexto de gran conflictividad. “Morales anula la sociedad entre  YLB y ACI Systems como una manera de apaciguar a Potosí, que se estaba levantado contra el gobierno desde marzo por este tema, pero que se había agravado por la denuncia de  fraude electoral”, señaló.

  El experto, además, subrayó que la principal razón para la molestia de los potosinos fue la falta de  transparencia y consulta sobre los alcances del proyecto y la sociedad con la empresa alemana. “Uno de los factores determinantes para el reclamo de los cívicos y algo que causó mucha molestia en el departamento fue la falta de transparencia, la falta de consulta a las comunidades directamente afectadas por el proyecto y eso, para un proyecto tan importante, fue un error”, argumentó.

La causa del golpe

En su conferencia en México, Arce indicó que el control del litio fue una de las causas principales para el “golpe de Estado” de noviembre de 2019.

“El gobierno paralizó el proyecto, que retomaba paradójicamente el gobierno de facto y habían declaraciones de Samuel Doria Medina (en las que decía) que sería muy interesante que la empresa Tesla venga a industrializar el litio (…). Nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano”, dijo Arce.

 Asimismo, el mandatario abrió  la posibilidad de retomar el acuerdo entre YLB y ACI Systems. “Estamos reiniciando todas estas negociaciones que se tenían con Alemania y por qué no abrirnos también a otros países que pudieron hacer un mejor trabajo y ofrecernos una mejor tecnología”, manifestó.
 

Las observaciones al acuerdo entre YLB y ACI Systems
 
Según un análisis realizado por la Fundación Solón al Decreto Supremo 3738, las principales observaciones al acuerdo de asociación estratégica entre Yacimiento de Litio Bolivianos y la alemana ACI Systems se basan en el hecho de que la empresa alemana cuenta con poca capacidad de inversión propia. 

También señala que  tenía  limitada capacidad tecnológica y escasa experiencia en comercialización de litio.

Sin embargo, a través del acuerdo obtenía acceso por 70 años a recursos naturales procesados, al monopolio del mercado en Europa y a importantes fuentes de financiamiento y utilidades.

Del Decreto Supremo 3788 se desprende que el acuerdo  no aseguraba la construcción de una planta para producir 300 mil a 400 mil baterías al año. Estaba   garantizada la construcción de una planta de hidróxido de litio y  la empresa mixta debía destinar  el 82,7% de su producción para la exportación y establecía que sólo el 17,3% se quedaría  en Bolivia para la planta de materiales catódicos que aún no está constituida, señala la Fundación Solón.

Otro punto es que el acuerdo otorgaba una vigencia de 70 años al contrato, también brindaba a  la empresa alemana acceso a precio de costo a toda la salmuera residual, que es más atractiva que la salmuera sin procesar que está bajo la costra salina.

 Reducía la “inversión alemana” a un crédito de 255 millones de dólares, donde YLB será responsable en un 51% y Acisa en un 49%. A diciembre de 2018 el aporte propio de Acisa fue de sólo 739.396 dólares y hasta fines de 2021 llegaría a los 22 millones de dólares, El acuerdo señala que  el crédito de 255 millones de dólares será apalancado por la banca privada o pública, títulos valores crediticios y otros.

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