Los diputados y senadores prefieren mirar a otro lado. La dirigencia campesina protesta porque ya no tiene el apoyo que recibía del Gobierno y debe subsistir con sus medios; afirman que los que llegan desde Argentina lo hacen con trabajo. Algunos comunarios señalaron al excanciller, Diego Pary, quien tras su arribo fue acomodado como asesor en la vicepresidencia.
Pary fue ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 12 de noviembre de 2019, durante el tercer gobierno de Evo Morales.
Evidentemente, el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) contempla en las declaraciones juradas, la de Pary Rodríguez, quien presentó su documentación el 1 de julio de este año. No figura el monto de sus rentas y solo declaró sus bienes por Bs 115.489.
La dirigente de las bartolinas, Segundina Flores, protestó hace dos semanas porque el excanciller no asiste a ninguna reunión del pacto de unidad, pero se permite emitir declaraciones a su nombre.
EL DEBER se puso en contacto con Pary y este se negó a emitir algún criterio indicando que estaba en una reunión, pidió responder en una hora y luego no contestó las llamadas.
Los legisladores prefieren no hablar del tema. El diputado Víctor Borda, dijo desconocer si Pary estaba trabajando en la Vicepresidencia y dejó la explicación en manos de la presidenta del Senado, Eva Copa que es responsable del manejo de ese despacho.
Omar Aguilar, que es senador y se desempeñaba como primer vicepresidente, dijo que esta figura debiera ser explicada por Copa y aseguró que él personalmente creía una falta de ética de la exautoridad que ahora sea funcionario de ese despacho.
La molestia radica en que después de los conflictos de noviembre, todos los ministros, viceministros y varios directores prefirieron salir del país. No enfrentaron las acusaciones que existían en contra las organizaciones. “Nosotros peleamos, resistimos, aguantamos todo, pero llegan de afuera y se colocan en los trabajos, como en el Gobierno», se quejó un dirigente masista.
No existe documentación estatal que pruebe nexo laboral de otras exautoridades.
| EL DEBER