El Ministerio Público cerró el “caso Vila Vila” sin encontrar culpables. Quienes en noviembre de 2019 fueron emboscados, torturados, golpeados, desnudados y fueron víctimas de trato vejatorio por seguidores del Movimiento al Socialismo exigen la reapertura de las investigaciones.
“Las carpetas lo han cerrado en Oruro y Potosí, pero nosotros vamos a pedir nuevamente que se vuelvan a abrir las carpetas”., dijo el representante de las víctimas Carlos Alberto Puita, quien lamentó que las fiscalías de ambos departamentos no hayan acelerado las investigaciones sobre ese hecho y hayan cerrado el caso sin encontrar a los culpables.
Los afectados esperan que el informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), creado mediante un acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, permita reabrir el caso y hacer justicia.
La caravana de 11 buses—que partió de Chuquisaca y Potosí rumbo a La Paz para reforzar las protestas de quienes exigían la renuncia del presidente Evo Morales y denunciaban el fraude electoral — fue emboscada a las 09.00 en proximidades de la localidad de Vila Vila, municipio de Caracollo, a 50 kilómetros de la ciudad de Oruro.
Noche antes aproximadamente 500 personas, entre universitarios, cívicos y ciudadanos chuquisaqueños y potosinos pasaron la noche en la capital orureña.
De acuerdo con el reporte de La Patria de Oruro, 37 personas fueron atendidas en los hospitales Obrero y Oruro-Corea y en los centros de salud de Vila Vila y Caracollo.
Los integrantes de la caravana, contactados por El Potosí, informaron que el ataque duró hasta el mediodía. Más o menos a esa hora del día llegaron policías de Oruro que les escoltaron de vuelta a esa ciudad. A lo largo del trayecto, fueron permanente hostigados por gente que siguió arrojándoles piedras.
Los atacantes eran mineros y campesinos que regaron la vía con miguelitos y cuando los buses se detuvieron, los atacaron a pedradas, dinamitazos y gases lacrimógenos e incluso regaron con gasolina a las personas con el propósito de prenderles fuego.
Incluso varias mujeres que eran parte de la caravana fueron chicoteadas, desvestidas y apedreadas. Como consecuencia de los ataques, muchos ciudadanos padecen lesiones físicas y psicológicas que requieren atención especializada.
En medio de lágrimas, una joven relató a la red ATB cómo se realizó la emboscada a la caravana que se encontraba en Vila Vila y que se dirigía a La Paz y sostuvo que los obligaron a desvestirse y fueron apaleados. Además, denunció un intento de abuso sexual a sus compañeras y que dos de ellas fueron secuestradas, de las cuales hasta ahora no se sabe su paradero.
Lo ocurrido conmocionó a los potosinos y una treintena de buses con cooperativistas mineros —que dilataron su participación en las protestas—, y estudiantes partieron a reforzar la caravana detenida en Oruro, ante la imposibilidad de continuar avanzando.
Se calcula que los buses transportaban a unos 2.500 cooperativistas. La noche del 10 llegaron a la ciudad de Oruro y al día siguiente partieron temprano hacia La Paz
Pero la segunda caravana también fue emboscada en Playa Verde, luego de haber pasado la localidad de Challapata. Mientras grupos de mujeres y niños bloqueaban el paso y apedreaban a los buses con hondas, francotiradores dispararon y causaron heridas a siete obreros.
El primer ataque se produjo a las 06.00 y el segundo aproximadamente a las 10.00 que dejaron a siete personas heridas de bala: Dario Willian Cuiza Navarro, de 23 Años, herida de bala en la cadera; Mijael Medina Uvaldez, de 30, herida de bala en los dos hombros; Javier Gutiérrez Fuertes, de 42, herida de bala en la clavícula; Franz Álvaro Soraide Viscarra, de 25, herida de bala en el pulmón y Rafael Moscoso, herido de bala en las costillas, entre otros.
El 11, la caravana decidió retornar a Oruro por seguridad, aunque sortearon un nuevo ataque, entre las 17:00 y 18:00 en Caracollo.
El 13 de noviembre, el fiscal de materia Aldo Morales declaró en Oruro que por los celulares que se secuestraron a los funcionarios de la Gobernación se evidenció que el gobernador Víctor Hugo Vásquez, estaría involucrado en ese hecho.
El 13 de noviembre, tras la asunción del gobierno transitorio de Jeanine Añez, la caravana retornó desde Oruro a la ciudad de Potosí por Uyuni.
La primera alerta del rumbo tomado por las investigaciones con el cambio de gobierno la dio a conocer Puita el 23 de febrero de este año. El representante acusó a la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, de haber paralizado la investigación, primero, y de haber enviado el caso a Oruro, después, obligando a las víctimas a abandonar la denuncia debido al gasto de dinero y tiempo.
“Esta demanda que iniciamos en 2019 no ha tenido ningún avance, no hemos sido notificados, han enviado la documentación a la ciudad de Oruro indicando que el mismo corresponde a esa ciudad (…) nos ha hecho perder un año”, declaró indignado entonces.
El 15 de marzo, volvió a exigir que la justicia esclarezca e identifique a los autores intelectuales y materiales de la emboscada que sufrieron en 2019
«Así como están haciendo semejante persecución política, se tiene que esclarecer lo que sucedió en Vila Vila y en Playa Verde, donde los mineros fueron baleados. Esa gente fue liberada inmediatamente después de que asumió el presidente Luis Arce y ahora se está encarcelando a la gente que ha estado en las movilizaciones por pedir que se anule las elecciones de 2019».
El 2 de febrero de 2020, a seis meses de las emboscadas, la entonces concejala Azucena Fuertes lanzó una cruzada para ayudar a los heridos de Plaza Verde, olvidados por el gobierno de Jeanine Añez.
«Si bien se están cubriendo los gastos médicos, lo que preocupa es que las familias dejaron de percibir recursos, debido a que las cabezas de hogar, están heridos y no pueden trabajar», dijo entonces. Residentes potosinos en Estados Unidos hicieron una colecta y la legisladora local la canalizpó.
Rafael Moscoso y Franz Soraide, quienes se encontraban en terapia intensiva en Oruro debido a las lesiones, recibieron ayuda para cubrir los gastos médicos; a Ramiro Ugarte, quien perdió una mano en la emboscada de Caracollo le entregaron Bs 3.000; a Mijael Medina dos balas le rozaron el hombro y a Javier Gutiérrez, a quien una bala le destrozó la clavícula y requería sesiones de fisioterapia.
Gutiérrez relató que cuando fue herido, estaba resguardando los buses. En Uyuni le extrajeron la bala, pero no quisieron entregársela, ya que se la llevó el fiscal como prueba, sin embargo, le dijeron que era una bala de alto calibre.
Mijael Medina fue herido en la carretera. “Las balas me llegaron a mis dos hombros y rompieron mi casco, a pocos centímetros de mi cabeza. Corrimos con mucha suerte, porque otro compañero, la bala le llegó cerca de su corazón». Sin embargo, a meses de los sucesos aún no podía manejar las manos.
Darío Cuiza fue herido en la cadera cuando cuidaba los buses, Dijo que quería escapar, pero no podía moverse, y sus compañeros le dijeron que se tire al suelo, para protegerse.