19 de octubre de 2021

Informe revela «tráfico» de exámenes para cargos directivos en Educación

Los datos apuntan al ministro Adrián Quelca y al director de Formación Técnica, Agustín Tarifa, quienes enviaron los bancos de preguntas a sus partidarios.

Carlos Quisbert  / La Paz

Un informe de Inteligencia del Gobierno revela que entre enero y mayo de este año se “traficaron”  exámenes del proceso de institucionalización a cargos de directores de educación distrital, rectores de institutos y docentes. Dirigentes del MAS  presentaron una denuncia en la Cámara de Senadores.

Los datos revelan que el presunto “tráfico” de documentos se planificó y ejecutó desde la Dirección General de Educación Superior Técnica del Ministerio de Educación, con venia del ministro Adrián Quelca y el encubrimiento de varios jefes de unidad.

El 2 de mayo, Página Siete publicó  que postulantes a las normales presentaron un demanda penal por similares irregularidades, de las que se responsabilizó  al director general de formación de maestros, Yver Colque.  Transparencia desestimó las quejas y la Fiscalía rechazó dos denuncias.

Los mensajes

“En La Paz, debemos apoyar  a Winder Canezo y José Apala”. “En Cobija no pueden ir (como autoridades educativas) los fachos como (Freddy) Muñiri, debes garantizar eso”. “Irving Yampolski Coaquira Campuzano (postula a la) Escuela Industrial P. D. M., (designarlo al) cargo de director académico”. Esos son tres de los mensajes de texto que -según señala el reporte- envió Quelca vía WhatsApp el 9 de febrero al responsable interino de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Agustín Tarifa.

El informe, al que tuvo acceso Página Siete, señala que en esa fecha Tarifa se encontraba en la ciudad de Cochabamba. Desde allí, respondió al ministro que coordinaba el trabajo que realizaban las mesas que evaluaban  los méritos de los postulantes a las direcciones de educación,  rectores y docentes. El proceso se realizaba al mismo tiempo en varias regiones.

Según los datos de la Contraloría y los registros del ministerio, José Apala actualmente ocupa un puesto jerárquico en la Dirección Departamental de Educación de La Paz, al que accedió por el examen de méritos que estaba a cargo de Tarifa. Winder Canezo, por su lado, era postulante a rector del Instituto Tecnológico Bolivia Mar.

En el caso de Irving Yampolski Coaquira, el informe sostiene que es hijo de un jefe del área jurídica del ministerio. 

En el intercambio de mensajes para perjudicar a postulantes sin recomendación o beneficiar a quienes eran “de la línea” del Partido Comunista (PC), tanto Tarifa como Quelca -parte de ese partido político-  justificaron  sus posturas coincidiendo  que  sus rivales son parte o cómplices  del supuesto “golpe de Estado” contra el MAS en 2019.

En otros casos, sin mayor argumento, calificaron de “derechistas” a quienes representaban un escollo al direccionamiento del proceso de institucionalización. No importaba si sus opositores eran del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las posturas radicales y discriminadoras se evidencian en varios textos. El 1 de febrero, Quelca observó a Tarifa por no informarle a tiempo cuál era la línea política de directivos y docentes del Instituto Tecnológico (ITT) San Andrés de Tarija. “Comentarte que las actuales autoridades son completamente de derecha, pititas que trabajaron con los golpistas”, le escribió Tarifa al ministro. Éste respondió: “Revertiremos esa situación”.

Esa misma jornada, el funcionario refiere a Quelca que el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, “se equivocó”, en el manejo de la normativa de institutos privados. En los mensajes con otros funcionarios, Tarifa alude  a las autoridades con apodos y adjetivos. 

En esa línea, el 26 de febrero, Tarifa le escribe al ministro para sugerir que no se realice el examen de competencia para los cargos en “módulos productivos de El Alto”, como era la intención de los viceministros Puma y Aurea Balderrama: “Podemos hacer las cosas directamente, por invitación, para su relanzamiento”, aconsejó y sugirió que  la actividad sea aprovechada para la campaña electoral del entonces candidato a la gobernación por el MAS  Franklin Flores.

A continuación, cita el reporte, Tarifa envía una lista de más de 700 becas disponibles con el fin de que el ministro monopolice su entrega y evitar que los viceministros dispongan de ellas. “Antes que nos capuje”, escribió. 

“Tráfico de exámenes”

De acuerdo a la versión de algunos afectados identificados por este medio, el “tráfico de los cargos” para favorecer a los militantes del PC,  por sobre los del MAS o los de línea troskista, se dio a  nivel nacional. El informe confirmó casos en Santa Cruz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Pando y principalmente en La Paz, donde relegaron a varios  postulantes de El Alto.

Los documentos más reenviados -a los que sólo tenía acceso Tarifa, según asegura el mismo funcionario en un audio- eran las plantillas de preguntas y respuestas, además de las fichas de méritos de los postulantes. Esto para que “compañeros de clase (política)” estudien y preparen los documentos, requisitos que tomaban desprevenidos a sus rivales, quienes luego eran descalificados en las mesas de evaluación.

“Hermanita buenos días, pásale esto al Lic. (Juan Carlos F.), para que estudie es el borrador, pero bien reservado dile”, escribió Tarifa a Ángela G. el 28 de febrero. El documento, según el informe, era el examen y  las  respuestas de la prueba al cargo de rector  de institutos  en Oruro.

“Te paso las fichas (de calificación de méritos), borrador, hermano, como siempre, mucha reserva por favor”, escribió Tarifa en febrero a Jimmy T., un postulante que junto a su plantel directivo logró ratificarse como rector de una reconocida escuela de economía de empresas en La Paz. “Para ti y el Jhonny, por favor con mucha reserva, descargalo y borra el mensaje”, dice otro texto.

El “tráfico” de influencias, a través de Tarifa, también era aprovechado por otros funcionarios a cargo del ministro Quelca, detalla el informe. “Buen día cumpa, no te olvides, un espacio para Química Industrial. Ramiro E. A. es para institutos de Tarija, un apoyo por favor”, escribió el 5 de mayo el director general de formación de maestros, Yver Colque.

“Hola hermano Agustín, considerar la siguiente postulación, son compañeros del instrumento. Atte. Walter Humérez”, señala otro mensaje enviado por el  asesor del ministro, quien pide favorecer a al menos cinco postulantes en diferentes departamentos: Rodrigo Ariel A. S. en Villazón; Nanci P. C. en Sucre y Joel Kaleb N. C. en Tarija, entre otros.

Chat entre el ministro Quelca y el director Agustín Tarifa.
Foto:Página Siete

La “institucionalización”

Según la información oficial del Ministerio de Educación, el 13 de diciembre de 2020 se lanzó la “convocatoria pública N° 001/2021 para institucionalizar cargos directivos para autoridades educativas del Sistema Educativo Plurinacional”. El proceso, por instrucción de Quelca, -señala el informe- quedó a cargo de Tarifa, y en los siguientes meses el cronograma de actividades se modificó varias veces.

“Las irregularidades en el proceso de institucionalización fueron denunciadas por autoridades de organizaciones sociales (en Santa Cruz) y postulantes, quienes acusaron a Tarifa Camacho y a Quelca Tarqui de favorecer a postulantes con la filtración de pruebas (….) y el direccionamiento del criterio de los miembros de las comisiones evaluadoras que ya tenían decidido al ganador”, cita parte del reporte.

Montaje  del PC en el perfil de Agustín Tarifa (abajo) y los chats con el envío de documentos.
Foto:Página Siete

El proceso de institucionalización tenía tres fases: evaluación escrita, calificación de méritos profesionales y defensa de un proyecto educativo. “Hasta la fecha se desconoce las acciones que asumió la máxima autoridad ejecutiva de esta cartera de Estado”, concluye el informe en su primera parte.

Este medio verificó que varios de los nombres de los “postulantes” ahora figuran como funcionarios en las entidades educativas a las que candidatearon. Varios de ellos pidieron no ser citados en la nota y otros no atendieron las llamadas.

Denuncia de la Csutcb ante la Cámara de Senadores  y el director de Transparencia

  • Santa Cruz “Como vicepresidente de Comisión Orgánica de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, hago conocer a la opinión pública las siguientes irregularidades que se dio dentro del proceso de institucionalización, principalmente para la educación superior. En este caso me dirijo al señor ministro (Adrián Quelca y a su viceministra de Educación Superior Aurea Balderrama) y también al compañero Luis Nina, como director general de Transparencia (del Ministerio de Educación)”, declaró el dirigente de la Csutcb de Santa Cruz, afín al MAS, Ignacio Velarde Álvarez, en un video que publicó en redes sociales.
  • Rechazo  Página Siete tomó contacto con el dirigente, quien primero dijo que estaba dispuesto a denunciar las irregularidades en una entrevista, sin embargo, luego se retractó, dijo que no hablaría con este medio y la denuncia ya estaba en manos de las autoridades. Al final del video, Velarde  muestra copia de la denuncia enviada a la Cámara de Senadores.
  • Cobros  Velarde asegura que Mancilla realizó una serie de cobros irregulares a maestros de Santa Cruz. “Han cobrado a 6.000 profesores a 600 bolivianos para entregarles el título de su especialización en su carrera profesional, a través del programa Profocom (Programa de Formación Complementaria para Maestros y Maestras)”, aseguró el dirigente.
  • Investigación  Velarde se dirigió a Quelca y le aseguró que tenía más pruebas y que la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz le hizo la misma denuncia. 

No atendieron el pedido de entrevista
Quelca: La derecha no cesa de atacarnos

“Lastimosamente la derecha, la oposición y el enemigo interno no cesan en atacar las políticas en favor de pueblo que desarrolla nuestro presidente Luis Arce”, dijo el ministro de Educación, Adrián Quelca, al inicio de la conferencia de prensa que dio el 6 de julio.

El ministro Quelca en la conferencia del 6 de julio. 
Foto:Ministerio de Educación

La declaración fue una respuesta al reportaje de Página Siete: “Implican a ministro Quelca y a fiscal Alave en cierre ilegal de caso afiches”, publicado un día antes. Luego de la conferencia -como se hizo antes- por medio de la dirección  de comunicación  se volvió a pedir una  entrevista con el ministro  para consultar  sobre la denuncia de irregularidades en el proceso de institucionalización.

Desde esa dirección dijeron  que preguntarían y comunicarían la respuesta, pero hasta la fecha no hubo ninguna. El fin de semana Página Siete volvió a buscar la versión  del ministro, miembros del área jurídica y otros funcionarios involucrados, pero ninguno atendió las llamadas.

Por su lado, el responsable de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Agustín Tarifa, el 1 de julio, accedió a una entrevista. En la misma se negó dar una declaración y se limitó a aceptar “que fueron errores” y pidió no perjudicar a sus allegados.

En la nota del 5 de julio, se reveló irregularidades en el sobreseimiento dictado por la Fiscalía en favor de Tarifa en  el “caso afiches”. El Ministerio de Educación es la víctima. 

Según la denuncia de ese proceso, se halló pruebas de que Tarifa gestionó ante la Imprenta del Estado  la impresión de 10.000 afiches. Los mismos eran  para la campaña electoral de  candidatos a senadores del MAS  en Pando el 2019. El presunto daño económico es de 19.000 bolivianos.

El sobreseimiento, según un primer informe de inteligencia, fue gestionado  “por terceras personas” a nombre del ministro Quelca ante el fiscal departamental de La Paz, William Alave. En abril, cuando el fiscal Alexis Vilela  absolvió de los cargos a Tarifa, el funcionario realizó un depósito de 14.000 bolivianos a la cuenta de una funcionaria de  la unidad de resoluciones jerárquicas de la Fiscalía.

Según audios y mensajes de WhatsApp, fue esa familiar quien direccionó el cierre del caso en complicidad de funcionarios del área jurídica del ministerio y otros fiscales que estuvieron a cargo de la investigación. La misma, escribió a Tarifa, que Quelca y Alave debían coordinar la “estrategia”.

“Debo manifestar a la opinión pública que no tuve la oportunidad de conocer personalmente al fiscal Alave. Sí lo conozco a través de los medios de comunicación, pero (no) personalmente ni por vía telefónica”, aseguró Quelca. En la conferencia estuvo acompañado del director general de Asuntos Jurídicos, Samuel Coaquira, y el director de Transparencia, Luis Nina.

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