25 de octubre de 2020

Ministerio Público todavía no citó a nadie sobre el ‘Caso Software’ donde se implica a Luis Arce

El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción indicó que hay varios nombres en agenda sobre un presunto daño económico de $us 8,5 millones a la Gestora Pública.

Luis Arce, candidato por el MAS
Luis Arce, candidato por el MAS

El Ministerio Público todavía no citó a nadie de los señalados por el presunto daño económico de $us 8,5 millones a la Gestora Pública de Pensiones en la adquisición de un software, pese a haber varios nombres en agenda, entre ellos el de Luis Arce Catacora, exministro de Economía y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), señalado como uno de los responsables en esta compra que no llegó a materializarse.

El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, manifestó que nadie fue citado porque eso está en función a la capacidad técnica de la Justicia y conforme a los procedimientos existen plazos para proceder, pero también se están haciendo las gestiones para congelar las cuentas y bienes de Arce Catacora y los otros implicados en el caso

Melgar señaló en una entrevista con el canal estatal que entre otros señalados en el caso se encuentran Mario Guillén, también exministro de Economía; Patricia Mirabal, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y Óscar Ferrufino , exviceministro de Pensiones y Sistemas Financieros, a quienes se acusa por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Y es que hasta la fecha, de acuerdo a los cálculos del viceministro, se estima que las irregularidades para la adquisición del software conllevaron a un daño económico que ronda los $us 8,5 millonespor pagos que se hicieron a la firma internacional Sysde y donde no se cumplieron los acuerdos del contrato sostenido con el Estado boliviano durante la administración de Evo Morales y cuando Arce era ministro de Economía.

El viceministro explicó que el Estado está en un proceso arbitral con dicha empresa y aquí entra en juego otra contratación de la era Evo Morales. Se trata de los servicios prestados por un consorcio jurídico español para llevar adelante este caso y al que se desembolsó $us 250.000, un acuerdo que feneció el 31 de diciembre de 2019.

A esto se suma que se están realizando auditorías en la Gestora Pública para determinar quién fue el culpable del incumpliemiento de este contrato y así evitar que se pierda el dinero; pese a que hay equipos y servicios que se han comprado y no son funcionales. Además, parte de estos pago se hicieron de manera irregular, ya que se hicieron pagos y no se recibió el servicio acordado en los plazo establecidos.

| EL DEBER