6 de diciembre de 2021

¿Qué hay detrás de la foto que tuiteó Sacha Llorenti con los esposos Ortega que gobiernan Nicaragua?

«Hoy sostuvimos una fructífera reunión con el Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta, Cra. Rosario Murillo. Conversamos sobre los resultados de nuestra visita y agradecimos la hospitalidad del pueblo y del gobierno de Nicaragua» tuiteó el 19 de octubre el secretario ejecutivo de la ALBA-TCP y exministro de Gobierno de Evo Morales, Sacha Llorenti.

No obstante, su feed se inundó rápidamente de críticas por su afinidad con el régimen que gobierna ese país.

«Super fructífera en la organización de nuevos crímenes, robos, asesinatos, falsedades, persecuciones, encarcelamientos, ataques a la justicia y democracia. No cabe duda lo fructífera que fue su reunión para su organización delincuencial» respondió uno de los usuarios.

«Paradojas y sinrazón de la vida, de ‘defensor de DDHH’ en Bolivia, a admirador de autócratas y dictadores como Daniel Ortega y @evoespueblo» respondió otro usuario.

Otros seguidores del exministro de Gobierno y exembajador de Bolivia en las Naciones Unidas durante el gobierno de Morales celebraron la visita de Llorenti a los esposos Ortega.

No faltó quien le recordó que cuando era ministro de Morales reprimió a los indígenas que defendían el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina en 2011.

¿A qué fue a Nicaragua?

La visita del otrora activista de derechos humanos en Bolivia no fue fugaz, llegó a Nicaragua el 9 de octubre y mantuvo decenas de reuniones con organizaciones, cooperativas y conoció más de 40 municipios de ese país.

La esposa de Ortega, Rosario Murillo, afirmó que a través de Llorenti «hemos enviado con él nuestro saludo a tosos los pueblos del Alba y nuestro saludo siempre fraternal y combativo a los queridos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y a Nicolás Maduro, su presidente constitucional y nuestro solidaridad frente al desconocimiento del derechos internacional por parte de los imperialistas yanquis, violación a la que no nos acostumbramos y contra la que seguimos luchando», según cita La Prensa.

Según el medio que sufrió la arremetida del régimen de Ortega, la visita del boliviano ocurre en uno de los momentos más bajos del ALBA en Nicaragua y donde solo quedan rastros de lo que fue una cooperación petrolera y que permitió a Ortega acumular más de 5.000 millones de dólares provenientes de los llamados «petrodólares», perpetuarse en el poder y enriquecer a su familia y allegados.

Durante su larga estadía, Llorenti visitó varios proyectos sociales aunque la mayoría son financiados con recursos del tesoro del país y que varios programas que antes funcionaban con recursos venezolanos también pasaron a ser sustentados con el tesoro de Nicaragua.

Como ocurre entre los gobiernos considerados «progresistas» o «izquierdistas», del que forma parte Bolivia, Llorenti estuvo en varios sets de televisión en los que ensalzó el régimen de los esposos Ortega como la supuesta erradicación de la pobreza y la pandemia.

En una de las entrevistas afirmó que «en otros países, por algunos medios de comunicación hegemónicos y por los intereses que conocemos se desatan campañas con el propósito de afectar aquellos gobiernos que no se alinean a los designios fundamentalmente de Estados Unidos».

«Sobre Nicaragua se dicen dos o tres socas con una tergiversación que ya es conocida porque responden a intereses del imperio, éstos tienen varios objetivos con la región: el control geopolítico, convertir a nuestros países en mercados para sus productos con valor agregado, adueñarse de nuestros recursos naturales, controlar las rutas de comercio internacional, y convertir a nuestros pueblos en mano de obra barata, en consumidores o manufacturadores de sus productos», continuó.

En su estadía también emitió comunicados en contra de la injerencia de Estados Unidos y la detención de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro.

¿Cómo operó el ALBA-TCP en Nicaragua?

Según La Prensa, hace 14 años nació uno de los esquemas de cooperación privada que más corrupción ha producido en ese país. En 2007, Daniel Ortega regresó a la silla presidencial con la promesa de rescatar a Nicaragua de la «oscuridad de los gobiernos neoliberales».

En su primer acto oficial firmó un contrato de cooperación venezolana con el presidente de ese país, Hugo Chávez, quien también hizo similares tratos con Evo Morales durante su primer gobierno.

En Nicaragua crearon «Alba de Nicaragua» o «Albanisa» que era una empresa desde donde los allegados a la familia Ortega-Murillo administraban varios negocios lucrativos con recursos provenientes de dicha cooperación.

No obstante, en enero de 2019 llegaron las primeras sanciones de Estados Unidos al conglomerado de «Albanisa». El «imperio» como llaman al gobierno de EEUU instruyó a las instituciones financieras suspender cualquier negocio con la compañía nicaraguense como parte de las sanciones contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La acciones del conglomerado de los Ortega pertenecían mayoritariamente a PDVSA y el restante era propiedad de la Empresa Nicaraguense de Petróleos (Petronic).

Desde 2008, DNP-Petronic y Albanisa controlaron las importaciones de crudo y derivados que venían principalmente de Venezuela en el marco del acuerdo de cooperación y si bien la estatal petrolera participó en el negocio, los recursos que ingresaron por el concepto de cooperación  se manejaron al margen del Presupuesto General de la República de Nicaragua y se desconoce dónde fueron a parar éstos.

El economista Óscar René Vargas, citado por La Prensa, señala que fue el dinero del ALBA que permitió la consolidación de la dictadura de Ortega. «Con el dinero pudo hacer los proyectos clientelistas, también proporcionaba un sobresalario, daba de 700 córdobas a 1.000 córdobas o más de salario a la gente, partiendo del dinero que venía de Venezuela», denunció.

Un gobierno de represión y dictadura

Los esposos Ortega han instalado en Nicaragua una política de represión gubernamental caracterizada por despliegues policiales violentos y grupos de choque armados que actúan mano a mano con las fuerzas regulares.

También ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y persecución contra quienes considera sus adversarios como líderes, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, medios independienes, presos políticos y sus familias.

Reportes de organizaciones que defienden los derechos humanos dan cuenta de las acciones de hostigamiento policial ha llegado al punto de confinar a los líderes políticos en sus casas mediante órdenes judiciales y se ha impuesto un estado de excepción de facto para toda la ciudadanía cercenando todos los derechos fundamentales como la libertad de expresión, libertad de pensamiento, a la libre organización y a la protesta.

Ortega y su esposa controlan los poderes estatales, y trabajan en la aprobación de leyes para criminalizar a la oposición y la disidencia. Por ejemplo la «Ley de Agentes Extranjeros» obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben recursos del exterior a registrarse en una oficina estatal o la «Ley de Ciberdelitos» que obliga a las compañías telefónicas a proporcionar todos los datos de sus usuarios a pedido del Gobierno.

Desde el inicio de las acciones represivas, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el  Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertaron mediante informes las graves violaciones a los derechos humanos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió resoluciones condenando las violaciones a los DDHH y exhortando al restablecimiento de las libertades y derechos.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó ayer una resolución que pide la liberación de los candidatos presidenciales y presos políticos de Ortega y su esposa. 27 países firmaron la declaración pero la representación de Bolivia se abstuvo de votar como otros seis países entre ellos México y Argentina.

“El Estado Plurinacional de Bolivia no comparte la injerencia en asuntos internos de parte de la Organización de Estados Americanos (…) Bolivia respeta la autodeterminación de los pueblos como base de funcionamiento central de todo el sistema interamericano y no comparte el hecho de que se pronuncie específicamente sobre un país en concreto y sobre un proceso electoral en concreto”, afirmó el embajador Héctor Arce, otrora Procurador y Ministro de Justicia de Evo Morales.

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