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El potente movimiento telúrico generó severos destrozos en la prefectura de Kumamoto, donde destruyó infraestructuras, causó incendios y dejó sin servicios básicos a decenas de miles de habitantes.
Liderada por el secretario general Albert Ramdin, la comitiva del organismo internacional ratificó su respaldo al gobierno democrático boliviano e instó a resolver las controversias del país a través del diálogo.
El vicepresidente instó a la máxima autoridad de la Policía a apartarse de su cargo si no puede concretar un saneamiento efectivo dentro de la fuerza pública, remarcando que el país demanda asumir responsabilidades ante graves denuncias de corrupción.
El alcalde Manuel Saavedra reveló que una propiedad perteneciente a Jhonny Fernández fue alterada irregularmente en el sistema de Recaudaciones de Santa Cruz de la Sierra, modificando su ubicación y categoría para reducir drásticamente el pago de impuestos municipales.
Tras el entendimiento preliminar alcanzado entre Bolivia y el FMI para acceder a un financiamiento de 1.900 millones de dólares a tres años, la autoridad Velasco enfatizó que los fondos deben traducirse en proyectos de desarrollo y recordó que el préstamo requiere aval legislativo.
La bancada de Libre manifestó su disconformidad con la norma aprobada en el Senado, exigiendo la inclusión del esquema 50-50 para asegurar una mayor asignación presupuestaria a los gobiernos subnacionales.
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra puso en marcha un proyecto de resguardo, arborización y prevención de incendios con el fin de devolver esta área protegida a los vecinos como un espacio seguro para el deporte y la recreación.
La senadora Eliana Acosta, representante de la bancada de Unidad, precisó que la propuesta económica para la gestión 2026 contempla nueve artículos y cinco disposiciones transitorias.
La fuerza pública intensificó la vigilancia en el recinto penitenciario de Cochabamba debido a las protestas de los internos, quienes demandan el traslado del presunto agresor a otro centro carcelario.
El informe elaborado por la comisión legislativa concluye que las pesquisas sobre la calidad de la gasolina deben alcanzar a los niveles ejecutivos donde se tomaron decisiones y no limitarse a cargos intermedios.