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El secretario general de la Central Obrera Boliviana, Claudio Choque, expresó la disposición de su sector para asistir a una eventual convocatoria de diálogo impulsada por la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, en un intento por frenar la crisis social en el país.
El exlíder de los trabajadores campesinos de La Paz, David Mamani, sugirió realizar una consulta orgánica para definir si se acepta el diálogo con el Ejecutivo, mientras el sector mantiene su demanda de dimisión del presidente Rodrigo Paz.
Luego de denuncias sobre la captura del líder de los Túpac Katari, el ministro de Trabajo y la defensa del dirigente aclararon que Vicente Salazar fue liberado tras un breve arresto, quedando sin efecto cualquier orden en su contra.
Posesionado la tarde de este miércoles, el nuevo ministro Erick Sanjinés Chávez señaló que una de las prioridades de su gestión será dar continuidad y profundizar el trabajo coordinado con el Magisterio.
La movilización se lleva a cabo este miércoles, en medio de un panorama nacional marcado por 41 días de conflictos que mantienen interrumpido el tránsito en diversas carreteras del país.
Sectores campesinos de Cochabamba, Potosí y Oruro se concentran en El Alto para marchar este miércoles hacia La Paz, una movilización a la que anunciaron sumarse la COB y la Federación Túpac Katari, mientras la ciudadanía exige medidas urgentes contra el desabastecimiento.
Tras la liberación de los detenidos, el vicepresidente cuestionó los presuntos atropellos y torturas sufridos por los dirigentes, exigiendo que se identifique y sancione a los responsables del abuso de poder.
El presidente de Asociatrin, Marcelo Cruz, denunció que las actuales movilizaciones en el país no buscan mejoras sociales ni salariales, sino que representan una disputa estrictamente política de sectores que intentan recuperar el control del Estado.
En medio de casi 40 días de bloqueos que asfixian al occidente boliviano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia aboga por la vía pacífica, mientras diversos sectores sociales presionan por la aplicación de la recién promulgada Ley de Estados de excepción.
Se publicó el Decreto Supremo 5628 que destina las contribuciones voluntarias del primer mandatario y su gabinete ministerial a programas de salud pública administrados por la cartera del sector.