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La capital boliviana sufrió un día de alta tensión marcado por enfrentamientos, saqueos y denuncias sobre la presencia de grupos armados, en un escenario donde se intenta gestionar un acercamiento entre las partes en conflicto.
La ciudad de La Paz vivió un día de tensión extrema con enfrentamientos, ataques a la propiedad privada y la suspensión de servicios de transporte, mientras las autoridades alertan sobre la radicalización de las protestas.
La dirigencia de la Central Obrera Departamental de Beni, junto a otras cinco regionales del país, manifestó su rechazo a los bloqueos de carreteras y descartó sumarse al pedido de dimisión del mandatario Rodrigo Paz, priorizando la estabilidad laboral y el respeto al orden constitucional.
Las brigadas parlamentarias de Bolivia emitieron un comunicado denunciando un plan de desestabilización política tras las movilizaciones actuales, solicitando acciones legales contra los responsables y la liberación inmediata de las rutas camineras.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la vigencia de órdenes de aprehensión para quienes promuevan el uso de armas y advirtió que se detendrá a cualquier persona que porte dinamita durante las protestas.
El representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, calificó las protestas como un intento de ruptura del orden democrático e instó a los manifestantes a respetar los mecanismos constitucionales.
El ente cívico cruceño sesionará desde las 9:00 de este lunes con el objetivo de evaluar la situación del país y determinar los pasos a seguir frente a las movilizaciones que impiden el tránsito en las rutas nacionales.
El vicepresidente solicitó al primer mandatario deponer actitudes confrontacionales y buscar un acercamiento con los sectores sociales en conflicto, tras los recientes operativos policiales ejecutados en el departamento de La Paz.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. expresó su preocupación por la crisis en Bolivia, condenando las movilizaciones que buscan deponer al mandatario y alertando sobre el desabastecimiento provocado por los bloqueos.
Con el fin de desactivar las movilizaciones que afectan a La Paz y El Alto, el Gobierno nacional ha programado un encuentro con juntas vecinales y organizaciones campesinas para establecer una agenda de trabajo conjunta.