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En un contexto marcado por movilizaciones sociales, el jefe de Unidad Nacional anunció un acuerdo con el mandatario y diversas figuras políticas para respaldar la agenda legislativa del Gobierno.
El vicepresidente de Bolivia instó al presidente Rodrigo Paz Pereira a atender las demandas de los sectores en conflicto, ofreciéndose como facilitador para alcanzar la estabilidad social y recordándole el respaldo popular obtenido en los comicios de 2025.
El exconcejal Luis Alberto Vaca asume el mando de la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción con el objetivo de sanear la administración municipal bajo la gestión del alcalde Manuel Saavedra.
La legisladora María René Álvarez sostuvo un encuentro con el ente cívico para ratificar el respaldo a la Ley 1720, destacando su impacto positivo en el sector productivo y el desarrollo de la región.
Tras el inicio del juicio oral por presunta trata de personas contra Evo Morales, el vicepresidente Edmand Lara criticó la ausencia del exmandatario y subrayó que no deben existir privilegios en la aplicación de la normativa legal.
El exmandatario Jorge Quiroga cuestionó la convocatoria a la denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, una movilización de sectores afines a Evo Morales que prevé partir desde Caracollo hacia La Paz el 12 de mayo.
El gobernador Loza presentó un proyecto de ley departamental que busca aplicar un recorte salarial a altos funcionarios, incluyendo a la máxima autoridad ejecutiva y asambleístas.
Tras la reciente cumbre nacional en Cochabamba, el Ejecutivo busca coordinar con autoridades y líderes de La Paz para priorizar proyectos estratégicos como la explotación petrolífera en Mayaya.
El encuentro político convocado por el Gobierno nacional propició un acercamiento entre Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, quienes respaldaron la modificación de la Carta Magna para enfrentar la crisis económica y proyectar un nuevo modelo de país.
La movilización denominada “marcha por la vida para salvar Bolivia” rechaza las políticas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz y exige la anulación de la Ley 1720 sobre reconversión de tierras.