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El exministro de Defensa, Fernando López, quien abandonó el país en 2020, comunicó su intención de regresar a territorio boliviano. La exautoridad cuenta con una sentencia de más de cinco años de cárcel por la compra irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno de transición.
La vicegobernadora electa, Paola Aguirre, denunció una severa crisis financiera en el Gobierno departamental, señalando que las transferencias del nivel central son insuficientes frente a los techos presupuestarios programados para esta gestión.
Tras completar el proceso de transición, Iván Arias dejará la silla municipal el 3 de abril para ser sucedido por César Dockweiler, quien iniciará su gestión con el anuncio de auditorías externas.
El mayor general Philip J. Ryan visita el país para reunirse con autoridades de Defensa y cadetes, marcando el primer encuentro de este rango desde 2006 como parte de un proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
Autoridades del sistema judicial boliviano instan a la Asamblea Legislativa a viabilizar los comicios pendientes para cubrir las siete vacantes restantes en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia.
A pocos días de las conmemoraciones por el 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana y otros tres sectores han ratificado medidas de presión tras el fracaso en las negociaciones y el rechazo a las propuestas gubernamentales.
Ante la culminación de los mandatos subnacionales, la Contraloría General del Estado solicitó a la Dirección de Migración aplicar la normativa que extiende la permanencia obligatoria de exfuncionarios en territorio nacional.
El Ministerio de Trabajo suspendió el encuentro tripartito ante la inasistencia de la Central Obrera Boliviana, señalando que la dirigencia sindical prioriza la formación de una nueva organización política sobre la negociación con el Estado y el empresariado.
El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, denunció la ausencia de fondos remanentes de un préstamo de 66 millones de bolivianos para una obra vial inconclusa, anunciando una querella criminal contra la gestión saliente.
El fiscal general del Estado hizo un llamado a las autoridades competentes para finalizar el proceso de designación de los magistrados pendientes, subrayando la importancia de contar con tribunales plenamente constituidos.