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El dirigente cocalero ratificó su permanencia en Lauca Ñ tras reportar un nuevo corte de luz y telecomunicaciones en la zona, asegurando que las presuntas amenazas y amedrentamientos no lograrán que abandone el país.
Parlamentarios aclaran que la validación de esta normativa no activa de forma inmediata un estado de excepción, dado que se requiere la emisión de un decreto presidencial que deberá ser evaluado por la Asamblea Legislativa.
La sesión se instaló la tarde de este sábado, en una jornada marcada por la escalada de violencia en el bloqueo de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, y los pedidos de intervención en las rutas.
En el plenario de la Cámara Baja, la legisladora Cecilia Requena, de Alianza Unidad, aseveró que, aunque el Ejecutivo ha sufrido un fuerte desgaste por la escalada del conflicto, los sectores movilizados perdieron la legitimidad moral.
El plenario legislativo comenzó el debate del proyecto de ley luego de recibir el visto bueno de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.
La segunda autoridad del Estado utilizó las plataformas de la Vicepresidencia para expresar su preocupación por la violencia en los conflictos y criticar la permisividad de las fuerzas del orden, omitiendo referirse a los policías heridos por impactos de bala.
La propuesta legal que norma los Estados de excepción avanzó al pleno de la Cámara Baja tras ser aprobada por mayoría en comisión, aunque con reparos específicos en uno de sus artículos.
En la jornada 37 de protestas en Bolivia, las carreteras de seis departamentos permanecen interrumpidas por 78 puntos de bloqueo, mientras fuerzas del orden ejecutan un operativo con incidentes en el municipio cruceño de San Julián.
El jefe de Estado, Rodrigo Paz, instó a los sectores movilizados a deponer las medidas de presión que dañan al país y exhortó a los líderes sindicales a entablar negociaciones, advirtiendo que las protestas buscan proteger judicialmente al expresidente Evo Morales.
En el marco de una coyuntura marcada por 36 días de bloqueos de carreteras que demandan la dimisión del presidente Rodrigo Paz, la propuesta de ley que regula los Estados de excepción espera su debate en la Cámara Baja.