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Luego de que este viernes quedaran sin efecto las órdenes de aprehensión contra el dirigente cobista Mario Argollo y el representante campesino Vicente Salazar, ambos sectores evalúan iniciar un acercamiento con el Gobierno, una posibilidad que estaba condicionada a la suspensión de dichas medidas judiciales.
La administración departamental demandó la acción inmediata de las fuerzas del orden y el Ministerio Público tras reportarse que un grupo de encapuchados armados tomó por la fuerza el predio Santa Rita este viernes.
La viabilidad del encuentro programado para este domingo entre el Gobierno y los sectores en conflicto depende de las resoluciones que asuman los bloqueadores en una reunión de emergencia convocada para este viernes, según informó el alcalde de San Julián.
La Comisión de Diálogo solicitó anular la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en una jornada marcada por la inasistencia de dirigentes clave como Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari.
Un encuentro de acercamiento entre el Gobierno y sectores movilizados concluyó con el pedido de una tregua en los bloqueos para el paso de suministros esenciales, además de gestiones para retirar las denuncias contra los líderes de las protestas.
Tras concluir una agenda de trabajo en Washington, el zar antidrogas de Bolivia anunció el inicio de una nueva etapa de cooperación con la DEA y la comunidad internacional para enfrentar el narcotráfico transnacional.
La Conferencia Episcopal de Bolivia facilitó el segundo encuentro de la mesa de concertación, donde se planteó frenar las medidas de presión y suspender los mandamientos de captura para viabilizar el acercamiento con el Gobierno.
La Conferencia Episcopal de Bolivia promueve la instalación de la segunda reunión de la comisión de diálogo, un encuentro que busca reunir a autoridades del Gobierno y diversos sectores sociales en medio de persistentes movilizaciones.
El encuentro convocado por la Iglesia Católica en la sede de Gobierno cuenta con la llegada de parlamentarios y activistas de derechos humanos, mientras la dirigencia cobista condiciona su asistencia debido a procesos judiciales.
La Cancillería boliviana y la Dirección de Migración cuestionaron las acciones de Mercedes Trimarchi, quien abandonó el territorio nacional rumbo a Chile tras ser señalada por participar en protestas haciéndose pasar por legisladora en funciones.