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El portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez, informó sobre los operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar las vías entre La Paz y Oruro, denunciando que las protestas atentan contra la democracia.
Efectivos policiales y manifestantes se enfrentaron este sábado en un operativo conjunto destinado a liberar las vías hacia el sur paceño, donde se registraron detonaciones de dinamita y el uso de agentes químicos.
Tras 15 días de asedio en las carreteras, un contingente mixto de policías y militares se desplegó este sábado con el objetivo de restablecer el tránsito y asegurar el suministro de productos básicos en la región.
La estatal petrolera denunció que grupos movilizados pusieron en peligro a la población de El Alto al encender fuego cerca de tanques de combustible, calificando el acto como una irresponsabilidad que amenaza la seguridad pública.
El Ministerio de Culturas advirtió que el sector turístico enfrenta una crisis profunda debido a los bloqueos de carreteras, afectando no solo la economía actual, sino también la reputación internacional del país y las proyecciones de reservas a largo plazo.
Los gobernadores Juan Pablo Velasco y Edgar Sánchez establecieron una alianza denominada “Industrialización Agropecuaria Interregional”, la cual busca integrar las capacidades productivas del oriente y el occidente boliviano mediante cuatro pilares fundamentales.
Ante la escalada de protestas y conflictos en la sede de Gobierno, el alcalde César Dockweiler anunció la suspensión temporal del evento cultural para garantizar la seguridad de la población.
Luego de un extenso diálogo marcado por enfrentamientos en la sede de Gobierno, las autoridades y Fencomin pactaron soluciones sobre el suministro de insumos y transporte, garantizando el cese de las protestas.
El pleno del Concejo Municipal aprobó por unanimidad la normativa sobre los predios del mercado Mutualista, en una jornada marcada por la denuncia de la presidenta Luisa Nayar sobre presuntas amenazas del abogado de la familia Crapuzzi.
El analista Gustavo Pedraza señaló que la Central Obrera Boliviana ha cerrado las vías de negociación al exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, subrayando que el mandatario tiene el deber legal de garantizar la seguridad ciudadana.