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Ante la escalada de violencia y la falta de respuesta de los sectores en conflicto, la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos reiteran su llamado a una negociación urgente para frenar el perjuicio a la ciudadanía.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, advirtió sobre un posible quiebre del orden democrático y ratificó la convocatoria a una movilización este jueves para rechazar los bloqueos que afectan al país.
Luego de los enfrentamientos registrados el lunes en la ciudad de La Paz, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó un aumento significativo en los puntos de bloqueo a nivel nacional para este martes.
La capital boliviana sufrió un día de alta tensión marcado por enfrentamientos, saqueos y denuncias sobre la presencia de grupos armados, en un escenario donde se intenta gestionar un acercamiento entre las partes en conflicto.
El sector del transporte pesado demanda la intervención gubernamental para levantar los cortes de ruta realizados por organizaciones campesinas y sectores vinculados a la COB.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reportó que el asedio a la planta de Senkata impide el despacho normal de carburantes, provocando esperas de más de tres horas en los surtidores de la Sede de Gobierno.
La ciudad de La Paz vivió un día de tensión extrema con enfrentamientos, ataques a la propiedad privada y la suspensión de servicios de transporte, mientras las autoridades alertan sobre la radicalización de las protestas.
La dirigencia de la Central Obrera Departamental de Beni, junto a otras cinco regionales del país, manifestó su rechazo a los bloqueos de carreteras y descartó sumarse al pedido de dimisión del mandatario Rodrigo Paz, priorizando la estabilidad laboral y el respeto al orden constitucional.
El Comité Multisectorial y el Comité Cívico cochabambino confirmaron marchas para este martes y jueves, respectivamente, en protesta por los bloqueos que afectan a la sede de gobierno.
Las brigadas parlamentarias de Bolivia emitieron un comunicado denunciando un plan de desestabilización política tras las movilizaciones actuales, solicitando acciones legales contra los responsables y la liberación inmediata de las rutas camineras.