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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre la existencia de 15 puntos de bloqueo que impiden la circulación normal hacia el interior del país y los Yungas, provocando la suspensión de salidas desde las terminales terrestres.
Legisladores de oposición cuestionan que el expresidente de YPFB, Yussef Akly, haya salido de Bolivia pese a las restricciones legales vigentes para exautoridades, mientras el exejecutivo asegura desde Estados Unidos que su viaje es temporal.
Representantes del sector mototaxista cruceño y ejecutivos de la estatal petrolera pactaron soluciones sobre la calidad de la gasolina y la reparación de daños en vehículos, logrando la desmovilización del sector.
Sectores interculturales mantienen el cierre de vías hacia Caranavi por demandas sociales y camineras, mientras se reporta el desplazamiento de efectivos policiales para despejar la ruta tras 12 días de conflicto.
La Cámara Nacional de Comercio alerta sobre el impacto de 15 puntos de protesta en La Paz y Beni, mientras las pérdidas por mercadería varada y dañada escalan significativamente.
El senador de oposición planteó una modificación a la Ley 1720 que permitiría a las comisiones departamentales determinar la vigencia de la norma en sus territorios, buscando descentralizar las decisiones sobre el agro.
El portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez, confirmó la participación de actores sociales y empresariales en una reunión clave para definir reformas estructurales en materia de hidrocarburos y energía.
El secretario de Gestión, Rodrigo Suárez, reveló que el municipio de Santa Cruz de la Sierra carece de saldos en sus cuentas y enfrenta una millonaria deuda flotante no registrada por la anterior administración.
El departamento de La Paz enfrenta una jornada de paralización con cinco rutas estratégicas bloqueadas por sectores campesinos, lo que ha forzado la suspensión total de salidas de buses hacia el interior y las provincias.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz expresó su inquietud ante el posible desmantelamiento de la normativa que facilita la transición de pequeñas propiedades a medianas, solicitando en su lugar una mayor socialización de sus beneficios.