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En el contexto de la segunda semana de bloqueos en La Paz y la aproximación de una marcha liderada por sectores afines a Evo Morales, el jefe de Estado advirtió con aplicar la ley contra intentos de desestabilización.
El expresidente Jorge Quiroga exhortó al vicepresidente Edmand Lara a manifestar un rechazo contundente ante las solicitudes de dimisión del mandatario Rodrigo Paz, advirtiendo que el silencio del segundo hombre del Estado podría interpretarse como un respaldo a planes conspirativos.
Luego de un extenso diálogo marcado por enfrentamientos en la sede de Gobierno, las autoridades y Fencomin pactaron soluciones sobre el suministro de insumos y transporte, garantizando el cese de las protestas.
El pleno del Concejo Municipal aprobó por unanimidad la normativa sobre los predios del mercado Mutualista, en una jornada marcada por la denuncia de la presidenta Luisa Nayar sobre presuntas amenazas del abogado de la familia Crapuzzi.
El analista Gustavo Pedraza señaló que la Central Obrera Boliviana ha cerrado las vías de negociación al exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz, subrayando que el mandatario tiene el deber legal de garantizar la seguridad ciudadana.
En medio de una escalada de protestas y tras el reporte de víctimas fatales, diversos sectores piden al presidente Rodrigo Paz ejercer la autoridad de la ley para garantizar la libre circulación sin abandonar las mesas de diálogo.
En medio de un escenario de conflictividad entre las fuerzas del orden y el sector minero, el Ministerio de Minería y Metalurgia oficializó el nombramiento de Carlos Lizandro Ergueta Hidalgo en la cartera de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico.
El portavoz de la Presidencia anunció el inicio de operativos policiales para liberar las rutas nacionales, mientras la ABC contabiliza 26 puntos de interrupción al tráfico en cuatro departamentos hasta la noche del jueves.
El dirigente Toño Sinani desestimó la exigencia de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz planteada por la Central Obrera Boliviana, señalando además que las mejoras salariales excluyen a la gran mayoría de la población.
Tras catorce días de movilizaciones y bloqueos en el territorio nacional, la máxima autoridad judicial del país pide al Ejecutivo establecer mesas de negociación para resguardar la institucionalidad democrática.