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La estatal petrolera sugirió coordinar tareas con la universidad paceña para estandarizar las metodologías de medición, tras señalar que las discrepancias en los estudios podrían originarse en los métodos de muestreo o el estado de los tanques.
El titular de la cartera de Economía, José Gabriel Espinoza, presentó medidas para agilizar la gestión pública subnacional, destacando la eliminación de trámites burocráticos para el acceso a recursos anticipados.
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en estado de emergencia y anunció que no asistirá al encuentro nacional, delegando su representación en el gobernador cruceño mientras preparan una reunión sectorial en Montero.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre la existencia de 15 puntos de bloqueo que impiden la circulación normal hacia el interior del país y los Yungas, provocando la suspensión de salidas desde las terminales terrestres.
Representantes del sector mototaxista cruceño y ejecutivos de la estatal petrolera pactaron soluciones sobre la calidad de la gasolina y la reparación de daños en vehículos, logrando la desmovilización del sector.
La Cámara Nacional de Comercio alerta sobre el impacto de 15 puntos de protesta en La Paz y Beni, mientras las pérdidas por mercadería varada y dañada escalan significativamente.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz expresó su inquietud ante el posible desmantelamiento de la normativa que facilita la transición de pequeñas propiedades a medianas, solicitando en su lugar una mayor socialización de sus beneficios.
La FEPSC expresó su rechazo a la abrogación de la normativa agraria y respaldó las movilizaciones de la CAO, advirtiendo que la medida vulnera la seguridad jurídica de los pequeños productores encargados del abastecimiento nacional.
El Gobierno nacional inició la presentación de su agenda de reformas estructurales con una nueva normativa eléctrica que busca modernizar el sistema y asegurar la transición hacia fuentes renovables en el país.
Ante la posible anulación de la normativa de reconversión de tierras, el sector productivo se declara en emergencia mientras se debate la necesidad de ajustes técnicos y una mayor concertación entre los actores involucrados.